WASHINGTON — La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) violó su convenio colectivo y cometió prácticas laborales injustas al implementar una reducción de personal y una reorganización, según determinó una árbitra independiente.
La decisión, emitida el 2 de septiembre por la árbitra Felice Busto, ordena reincorporar a los empleados despedidos, compensarlos por las pérdidas sufridas, publicar un aviso sobre las infracciones y negociar de buena fe con el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro (NTEU).
“Esta decisión envía un mensaje claro: la EPA no puede ignorar sus obligaciones contractuales ni los derechos de sus empleados simplemente porque desea reorganizar la agencia”, declaró Doreen Greenwald, presidenta nacional del NTEU.
Sin embargo, las órdenes todavía podrían ser apeladas. La EPA dispone de 30 días para presentar un recurso ante la Autoridad Federal de Relaciones Laborales.
Un portavoz de la agencia aseguró que la EPA “no está obligada por la decisión de la árbitra”.
Sindicato denunció falta de aviso y negociación
Durante el verano de 2025, al menos 20 empleados de la EPA recibieron avisos de separación y por lo menos cuatro trabajadores representados por el NTEU fueron despedidos como parte de la reducción de personal y la reorganización.
El sindicato impugnó las medidas argumentando que la agencia no proporcionó el aviso previo requerido ni ofreció una oportunidad para negociar, como establece el convenio colectivo.
Según el NTEU, el contrato obliga a la EPA a informar el motivo, la ubicación y la fecha prevista de cualquier reducción de personal, además de precisar cuántos puestos y cuáles serían afectados. También exige aviso y negociación antes de reorganizaciones que impliquen transferencias de funciones.
Aunque la EPA envió un correo electrónico a los dirigentes sindicales en abril de 2025, la árbitra concluyó que el mensaje no contenía la información exigida.
“La evidencia demostró que la agencia no cumplió de ninguna manera con esta disposición”, escribió Busto. “La agencia insistió en implementar la reducción de personal y la reorganización sin hacer esfuerzo alguno por negociar”.
EPA alegó que el contrato ya no estaba vigente
La agencia sostuvo que el convenio colectivo dejó de tener validez después de que el presidente Donald Trump ordenara en 2025 que numerosas dependencias federales terminaran sus contratos sindicales. La EPA canceló formalmente su acuerdo en agosto de ese año y afirmó que, por ello, el proceso de reclamación y arbitraje también había quedado invalidado.
Busto rechazó ese argumento y señaló que las órdenes ejecutivas están subordinadas a las leyes aprobadas por el Congreso y no pueden modificarlas ni sustituirlas.
Además de confirmar dos violaciones del contrato, la árbitra determinó que la EPA incurrió en prácticas laborales injustas al negarse a negociar y al ignorar los requisitos de notificación establecidos en el convenio.
Otros árbitros independientes han emitido recientemente decisiones favorables a sindicatos federales en disputas relacionadas con el regreso obligatorio a las oficinas, la eliminación del teletrabajo y otros cambios laborales.
En diciembre de 2025, otro arbitraje concluyó que la EPA había violado un acuerdo con la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales al no negociar su política de regreso presencial. Esa decisión no llegó a aplicarse después de que el contrato sindical fuera cancelado.