Cada mes más de 500 residentes de Maryland reciben por correo medicamentos abortivos tras una consulta por telemedicina, una vía en constante crecimiento desde 2022. Sin embargo, un caso ante la Corte Suprema que revisa el envío de mifepristona —parte de un protocolo de dos fármacos para la interrupción del embarazo y atención de abortos espontáneos— podría poner en riesgo este servicio. El pasado 1 de mayo, un tribunal de apelaciones bloqueó una norma de la agencia federal de salud que permitía dispensar la mifepristona sin visita presencial, y aunque la Corte Suprema suspendió temporalmente esa decisión hasta el 11 de mayo, la resolución final tendrá alcance nacional. El estado de Luisiana, demandante en el caso, afirma que gastó 92 000 dólares en atención médica por complicaciones relacionadas con este fármaco.
Defensores del derecho al aborto alertan que cualquier restricción añadirá obstáculos logísticos para quienes no pueden desplazarse a una clínica, a pesar de que la interrupción voluntaria del embarazo está garantizada en la constitución de Maryland desde 2022. Entre junio de 2024 y junio de 2025, se realizaron en el estado un promedio de 533 abortos mensuales por telemedicina, cifra que refleja un notable aumento frente a los 40 registros de abril de 2022. Organizaciones contrarias al aborto consideran acertada la revisión del caso para reforzar los protocolos de seguridad, mientras las clínicas de planificación familiar se preparan para adaptarse a posibles cambios y mantienen el envío de la medicación dentro del estado.
