NUEVA YORK — Una jueza federal ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump cancelar cualquier anuncio televisivo pendiente que haya sido financiado con dinero de los contribuyentes para promover sus mensajes políticos.
La jueza federal Jennifer L. Rochon emitió el domingo por la noche una orden de restricción temporal a favor de una coalición que denunció el uso ilegal de fondos públicos. El grupo incluye a Common Cause, una organización de vigilancia gubernamental no partidista.
La orden prohíbe durante dos semanas celebrar, renovar o ampliar acuerdos relacionados con la creación, distribución, colocación o transmisión de los anuncios cuestionados.
Aunque el Departamento de Justicia sostuvo que la medida judicial era innecesaria porque la campaña publicitaria estaba por finalizar, la jueza ordenó cancelar cualquier anuncio que todavía estuviera programado.
Campaña utilizó $20 millones de fondos públicos
El Departamento de Seguridad Nacional destinó aproximadamente $20 millones a la campaña publicitaria.
Expertos legales señalaron que el uso de dinero aprobado por el Congreso para estos comerciales podría violar una ley federal que prohíbe utilizar fondos públicos con fines de propaganda.
Una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional declaró ante el tribunal que el dinero provenía de recursos autorizados para actividades relacionadas con la seguridad fronteriza.
La Casa Blanca ha defendido los comerciales como anuncios de servicio público similares a los utilizados por administraciones anteriores para promocionar programas y políticas gubernamentales.
Sin embargo, los demandantes sostienen que los anuncios no explicaban cómo acceder a servicios públicos, sino que exaltaban al presidente y repetían mensajes vinculados con su agenda política antes de las elecciones legislativas.
Anuncios provocaron críticas de ambos partidos
Los comerciales comenzaron a transmitirse a finales de septiembre. Uno mostraba a Trump hablando sobre la amenaza del comunismo, mientras que otro reutilizaba un anuncio de su campaña presidencial anterior.
Una quinta pieza publicitaria se concentraba en la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte del Gobierno estadounidense.
El uso de fondos públicos generó críticas entre demócratas y algunos republicanos. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, declaró que los anuncios no debían pagarse con dinero de los contribuyentes.
El Comité Nacional Demócrata también presentó una demanda por separado contra el Gobierno por esta campaña.
Ante las críticas, Trump afirmó que comenzaría a financiar los anuncios con recursos de su organización política. No obstante, un funcionario de la Casa Blanca indicó que no existen planes inmediatos para devolver al Gobierno el dinero público que ya fue gastado.
Los demandantes celebraron la decisión judicial y afirmaron que no existe una justificación legal para utilizar fondos asignados por el Congreso con el propósito de influir en resultados electorales.