WASHINGTON — La Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (OPM) reabrió el período de comentarios públicos sobre una propuesta que modificaría los procedimientos utilizados por las agencias para disciplinar, degradar o despedir a empleados federales por bajo rendimiento o conducta indebida.
La decisión se produce después de que nuevos datos mostraran que las llamadas acciones adversas —como suspensiones, reducciones de grado y destituciones— no aumentaron significativamente durante el año fiscal 2026, pese a los cambios impulsados por la administración del presidente Donald Trump.
El público podrá presentar comentarios hasta el 29 de septiembre de 2026. La propuesta todavía no ha sido aprobada de manera definitiva.
Datos muestran pocos cambios en las destituciones
Hasta junio de 2026, las agencias federales habían reportado 3,105 separaciones y despidos relacionados con desempeño deficiente o conducta indebida. Durante todo el año fiscal 2025 se registraron 3,492.
El análisis excluye al Servicio Postal, varias agencias de inteligencia y otras entidades gubernamentales que no reportan sus datos en el mismo sistema.
OPM reconoció que otros factores podrían haber influido en las cifras, incluidos los programas de renuncia diferida, las reducciones de personal, las jubilaciones y las separaciones voluntarias.
Sin embargo, la agencia considera que los datos respaldan la necesidad de realizar cambios estructurales que incentiven a los supervisores a actuar cuando enfrenten casos de bajo rendimiento o mala conducta.
¿Qué cambios propone OPM?
La propuesta conjunta presentada originalmente por OPM y la Junta de Protección de Sistemas de Mérito (MSPB) busca simplificar los procedimientos administrativos relacionados con el desempeño y la disciplina de los empleados federales.
Entre las medidas propuestas se encuentran:
- Exigir capacitación anual para supervisores, gerentes y ejecutivos sobre cómo atender problemas de desempeño y conducta.
- Limitar generalmente a 30 días calendario los períodos formales de mejora del desempeño.
- Eliminar los períodos informales conocidos como “pre-PIP” antes de iniciar un plan oficial de mejora.
- Procurar que las decisiones sobre propuestas de despido se emitan dentro de un plazo de 30 días.
- Restringir acuerdos que eliminen de los expedientes oficiales documentación sobre desempeño deficiente o conducta indebida.
OPM sostiene que los procedimientos actuales pueden ser demasiado largos y complejos, lo que desanima a algunos gerentes a iniciar acciones contra empleados con problemas de desempeño. La propuesta también modificaría los procesos para reducciones de grado, separaciones no disciplinarias y otras medidas adversas.
Parte de la reforma ya fue aprobada
Aunque las modificaciones de OPM continúan pendientes, la MSPB ya finalizó su parte de la reforma.
La junta eliminó la obligación de aplicar en todos los casos los 12 llamados “factores Douglas”, utilizados durante décadas para determinar si una sanción contra un empleado federal era razonable.
En su lugar, la MSPB evaluará cada sanción de acuerdo con la totalidad de las circunstancias. La junta afirma que el nuevo criterio permitirá un proceso más flexible y eficiente, aunque sindicatos y especialistas han advertido que podría producir decisiones inconsistentes o dificultar las apelaciones de los trabajadores.
Informe identifica problemas en el sistema
OPM también está solicitando opiniones sobre un informe publicado por la organización no partidista We the Doers, titulado “Fast but Fair Federal Firing”.
El documento identificó cinco posibles causas de las dificultades para disciplinar o separar a empleados con bajo rendimiento:
- Falta de uniformidad entre agencias.
- Posibilidad de que algunos empleados manipulen o prolonguen el proceso.
- Percepción de que las oficinas de recursos humanos y los abogados gubernamentales evitan asumir riesgos.
- Falta de herramientas y capacitación para los supervisores.
- Incentivos que llevan a los gerentes a mantener a empleados con desempeño deficiente en sus puestos.
El informe recomienda establecer un proceso único, transparente y consistente, pero también conservar el debido proceso, las protecciones del servicio civil y las salvaguardas contra despidos motivados por razones políticas.
Varias de esas reformas necesitarían la aprobación del Congreso. Sus autores sostienen que una solución legislativa y bipartidista ofrecería mayor estabilidad y evitaría que las reglas laborales cambien drásticamente de una administración presidencial a otra.
Los comentarios sobre los nuevos datos y el informe pueden presentarse en Regulations.gov bajo el expediente 2025-OPM-0012 hasta el 29 de septiembre.