WASHINGTON — Exfuncionarios, dirigentes sindicales y legisladores demócratas exigen mayor transparencia sobre las consecuencias de los recortes de personal y el traslado de programas del Departamento de Educación de Estados Unidos a otras agencias federales.
La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE) y tres exsecretarios de Educación de las administraciones de Barack Obama y Joe Biden solicitaron al inspector general interino de la agencia, Mark Priebe, una investigación formal sobre los costos financieros y operativos de las medidas.
En una carta, el grupo calificó los recortes como un posible desperdicio y abuso de recursos públicos y pidió a la Oficina del Inspector General que examine las decisiones de la administración del presidente Donald Trump, según Federal News Network.
La plantilla se redujo casi a la mitad
El Departamento de Educación despidió durante 2025 a casi la mitad de sus empleados de carrera mediante una reducción de personal y programas de separación voluntaria. Actualmente cuenta con unos 2,000 trabajadores, frente a aproximadamente 4,000 antes del regreso de Trump a la Casa Blanca.
Rachel Gittleman, presidenta del Local 252 de AFGE, afirmó durante una conferencia de prensa frente al Capitolio que las autoridades deben revelar tanto el costo para los contribuyentes como las consecuencias para los empleados y las comunidades atendidas por la agencia.
Gittleman, quien también recibió un aviso de despido, aseguró que el departamento ha publicado cientos de vacantes para realizar labores similares a las de los empleados cesados. Según relató, una exempleada fue rechazada varias veces por la agencia y terminó contratada por una empresa privada para hacer el mismo trabajo por $15 la hora y sin beneficios.
El Departamento de Educación respondió que la reducción de personal fue ejecutada cuidadosamente y de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables. Un portavoz sostuvo que la agencia continuará trabajando para devolver autoridad educativa a los estados y mejorar los resultados de los estudiantes.
Funciones pasan a otras agencias
La eliminación completa del Departamento de Educación requeriría la aprobación del Congreso. Sin embargo, la administración ya desarrolla más de una docena de acuerdos interinstitucionales para trasladar programas y trabajadores a otras dependencias.
El plan oficial contempla que el Departamento de Justicia participe en la aplicación de las leyes de derechos civiles en el sistema educativo y que el Departamento de Salud y Servicios Humanos asuma un papel mayor en los programas de educación especial. También existen acuerdos con los departamentos del Trabajo, Interior y Tesoro.
El Departamento de Educación afirma que estas asociaciones no alteran el financiamiento autorizado por el Congreso, los requisitos de elegibilidad ni las protecciones legales de estudiantes y beneficiarios. La agencia sostiene además que conservará las facultades que le asignan las leyes federales, de acuerdo con su descripción oficial de los acuerdos.
Los sindicatos y legisladores críticos argumentan que los traslados diluyen la experiencia acumulada y podrían afectar la supervisión de los fondos y el cumplimiento de las protecciones federales.
Un informe de la Oficina del Inspector General publicado en junio concluyó que los recortes, transferencias y eliminaciones de programas provocaron la suspensión de algunas funciones legales, de vigilancia y de monitoreo del departamento.
Continúan la demanda y las iniciativas legislativas
La secretaria de Educación, Linda McMahon, enfrenta una demanda presentada por fiscales generales de 21 estados contra los despidos y los intentos de cerrar o transferir áreas importantes de la agencia.
Aunque un tribunal emitió inicialmente una orden que frenaba las medidas, la Corte Suprema permitió posteriormente que la administración continuara con los despidos mientras avanza el litigio. Los demandantes solicitaron esta semana la entrega de unos 1,300 documentos relacionados con la reducción de personal que, según afirman, el gobierno no ha proporcionado.
En el Congreso también se promueven medidas para impedir el cierre del departamento o la transferencia de sus funciones. El Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado avanzó en julio el proyecto S. 5046 con apoyo bipartidista.
Una propuesta complementaria, el proyecto H.R. 10232, fue presentada por legisladores de ambos partidos en la Cámara de Representantes y remitida al Comité de Educación y Fuerza Laboral.
Los demócratas prometieron ampliar la fiscalización y tratar de revertir los recortes si obtienen el control del próximo Congreso. Por su parte, AFGE aseguró que continuará presionando para recuperar los puestos eliminados y proteger las funciones del Departamento de Educación.