Un juez federal extendió el miércoles la suspensión temporal de los trabajos para convertir un almacén de 76.645 metros cuadrados en un centro de procesamiento de inmigrantes en las cercanías de Hagerstown, Maryland. El edificio, adquirido en enero por el Departamento de Seguridad Nacional por 102,4 millones de dólares, iba a ser uno de los primeros de once naves industriales compradas en todo el país, con capacidad para albergar entre 500 y 1.500 detenidos.
El gobierno federal enfrenta una fuerte oposición en varios estados, y Maryland presentó una demanda alegando que no se realizaron las evaluaciones ambientales exigidas y que el inmueble está en una zona de riesgo por inundaciones, además de que no se abrió un periodo de consulta ciudadana hasta más de un mes después de la compra. A pesar de ello, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas adjudicó al día siguiente un contrato de 113 millones de dólares para la reforma, con previsión de concluir los trabajos el 4 de mayo. Ante esta situación, el juez emitió primero una orden de restricción temporal y, tras una audiencia, acordó una medida cautelar que limita las obras al montaje de una valla y a tareas de climatización mientras se resuelve el litigio.
El Departamento de Seguridad Nacional expresó su profunda discrepancia con la decisión, calificándola de obstaculización política, mientras que el gobernador de Maryland consideró la medida como un avance importante y el fiscal general aseguró que demuestra que nadie, ni siquiera el gobierno federal, está por encima de la ley. Activistas locales afirmaron que su movilización ofrece un modelo para que otras comunidades consigan frenar proyectos similares.
