Desde el inicio de esta administración, altos funcionarios han demostrado un marcado desdén por las labores de supervisión del Congreso, optando por respuestas combativas que desvían la atención de preguntas incómodas hacia ataques personales, incluso contra legisladores de su propio partido.
Un caso paradigmático fue la reciente comparecencia del director del FBI, quien acusó al senador Van Hollen de “emborracharse a costa del contribuyente” con margaritas en El Salvador y de acumular una factura de 7.128 dólares en un bar de Washington. Sin embargo, no existe evidencia de que esos gastos provinieran del erario público, ni de que las bebidas en Centroamérica fueran distintas a las dispuestas por autoridades locales, y el cargo en el local correspondía a un evento de campaña.
Este tipo de afirmaciones, vertidas bajo juramento, contravienen las normas éticas del Departamento de Justicia y reflejan el deterioro del sistema de pesos y contrapesos, pues ni siquiera el máximo responsable del FBI parece obligado a corregir públicamente los datos falsos que difunde ante el Congreso.
